La Ley 21.180 obliga a todo el Estado —municipios incluidos— a operar 100% digital. Los plazos corren, las plataformas están disponibles, pero cuatro de cada diez instituciones podrían no llegar a tiempo.
Análisis predictivo sobre los datos de la Secretaría de Gobierno Digital. El escenario del Grupo C es el más crítico.
El Estado provee plataformas habilitantes gratuitas. Algunas son de uso obligatorio para cumplir la Ley 21.180; otras, de adopción voluntaria. El municipio no parte de cero: parte de integrarse.
Fuente: División de Gobierno Digital — plataformas transversales. El estado «obligatoria» refiere a su exigibilidad bajo la Ley 21.180.
Seis brechas que explican por qué la norma no se traduce automáticamente en servicios digitales. La barra indica el porcentaje de municipios que ya cubre cada frente: mientras más corta, más lejos está el sistema de cerrar la brecha.